Políticas públicas y planes

Si bien la logística es una actividad fundamentalmente privada, el rol del sector público es decisivo, ya que define las condiciones en las que operan los privados, genera una institucionalidad y define prioridades de acción e inversión en el sector de la logística de carga. Incidir en la agenda logística implica actuar sobre sus múltiples determinantes: provisión de infraestructura, regulación de servicios, desempeño del sector privado y procedimientos del comercio internacional.

El carácter transversal de la logística plantea a los actores públicos el desafío de coordinar las acciones de organismos cuya organización ha tenido, tradicionalmente, un sesgo sectorial. A ello se suma la necesidad de alinear iniciativas con el sector privado, e incorporar su visión sobre los desafíos y prioridades de la agenda.

La logística de carga es de carácter nacional, pues la competitividad de una economía se mide a nivel país; sin embargo, muchas acciones importantes son de nivel sub-nacional: mejora de accesos terrestres y procedimientos en puertos, libramientos (by-passes) urbanos, logística urbana de distribución de mercancías, o desarrollo de plataformas logísticas y centros multimodales. Por ello, además de su carácter multisectorial, la agenda logística tiene una dimensión jurisdiccional amplia que requiere desarrollar instituciones y mecanismos de coordinación eficientes.

El diseño de políticas y planes es un instrumento efectivo para organizar la acción pública. Varios países han avanzado en este sentido con apoyo del BID. Los procesos se adaptan a las particularidades de cada país pero tienen elementos en común: la creación de espacios de diálogo con el sector privado, y de mecanismos para fortalecer la coordinación entre actores públicos.